Uno de los retos de la nueva década es conseguir avances para combatir el cambio climático. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer desde sectores como el inmobiliario?
Durante el mes de diciembre, los focos de todo el mundo apuntaron a Madrid, ciudad en la que tuvo lugar la esperada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Tras esta señalada cita, ha quedado claro que uno de los próximos pasos debe ser impulsar soluciones reales que ayuden a revertir la situación actual, calificada por lo expertos como emergencia climática.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático ya avisó en 2018 que el sector inmobiliario produce el 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Un porcentaje que tan solo refleja las emisiones derivadas del momento de uso y explotación del edificio, sin tener el cuenta la fabricación de los materiales, el transporte de dichos materiales, la construcción de los edificios y las demoliciones.
Con motivo de estas preocupantes cifras y de la celebración de la COP25, el proyecto europeo CRREM (Monitor del riesgo de emisiones de CO2 en el sector inmobiliario) ha publicado un informe destinado a integrar el riesgo de carbono en estrategias corporativas dentro del sector inmobiliario.
Una de las conclusiones principales de dicho estudio es que el sector inmobiliario comercial de Europa deberá reducir sus emisiones de carbono en más de un 80% desde ahora y hasta 2050, para cumplir con los objetivos principales del Acuerdo climático de París. Cabe entonces preguntarse, ¿cómo se pueden alcanzar esos fines desde un sector tan tradicional como el inmobiliario?
Desafíos y oportunidades del sector inmobiliario para hacer frente al cambio climático
1. Descarbonización
En primer lugar, resulta imprescindible conocer el significado de descarbonización: este término hace referencia al proceso por el cual los países, individuos y entidades buscan eliminar el consumo de combustible fósil.
Tal y como señala el informe, la descarbonización del sector inmobiliario “requiere un enfoque colaborativo e integrado que abarque la cadena de valor corporativa más amplia”. Es decir, tanto los proveedores como los consumidores de activos inmobiliarios tienen un papel crucial al adaptar los inmuebles de acuerdo con el compromiso por reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono.
Un claro ejemplo de buenas prácticas en el sector es una eficiente impermeabilización del hogar, así como el control del estado de puntos críticos por los que es más fácil que se pierda el calor (como el tejado, la fachada y las ventanas).
2. Sostenibilidad de los activos inmobiliarios
Asimismo, el informe recalca que en el sector inmobiliario se necesitan horizontes más sostenibles, en cuanto a la vida económica “útil” de un activo. Pues, el 50% de las existencias inmobiliarias del mundo previstas para 2050 ya se han construido.
Es, por tanto, necesario emplear técnicas que impulsen la modernización y la reutilización de los activos ya existentes. La labor realizada por los iBuyers es muy positiva en este sentido, ya que este tipo de empresas compran casas ya utilizadas y las vuelven a vender, proporcionando más de una vida útil a un mismo inmueble. Además, determinados iBuyers, como Tiko, reforman algunas de las casas que pasan por sus manos, dotando a los inmuebles de recursos más modernos y eficientes.
3. Un buen uso de los datos que justifique la inversión ecológica
Los expertos del proyecto CRREM plantean una herramienta basada en una sólida y fiable recopilación de datos que ayude a estimar las inversiones necesarias para reducir las emisiones. También se apunta que la decisión de demoler y construir en vez de adaptar una construcción debe basarse en una evaluación económica pero también en una ambiental.
De igual manera, el informe recalca que las evaluaciones ambientales deben considerar todo el ciclo de vida de los activos, es decir, también se tiene que incluir la fase de construcción en ese cálculo.
Finalmente, se reivindica la necesidad de que los proveedores de datos clave (propietarios, inquilinos e inversores) y las instituciones de evaluación comparativa, colaboren para corregir las brechas de información y proporcionar la base de evidencia de inversión necesaria para respaldar la ampliación de la modernización ecológica.
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